Se duplicaron los juicios jubilatorios

Silvia Stang
LA NACION
El fuero judicial en el que recaen las demandas de los jubilados avanza en su proceso de informatización, pero la cantidad de juicios que se inician día a día contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es tan elevada que ver una reducción de los tiempos en que se resuelven las causas parece una meta que sólo llegaría en el largo plazo, según advierten en el propio ámbito de la Justicia.
Las estadísticas de la primera mitad de este año confirman el colapso de la Cámara Federal de la Seguridad Social: entre febrero y junio ingresaron 49.403 causas, un 109% más que las 23.581 iniciadas en igual período de 2008. Como muchos de los reclamos persiguen derechos para más de una persona, el número de litigantes es, en rigor, superior.
A esas demandas, según afirman en la Cámara, se suman otras 8000 que esperan ser asignadas por sorteo entre los diez juzgados de primera instancia. Y a la vez, hay algo más de 200.000 litigios que estaban en trámite ya a fines de 2008.
La principal razón del incremento de los juicios en los últimos meses es la falta de ajustes adecuados de los haberes jubilatorios a partir de 2002, cuando se inició el proceso inflacionario. Desde entonces, si bien los gobiernos decidieron varias subas del haber mínimo ?que se elevó por encima del alza de precios?, la tardía e insuficiente recomposición para quienes se jubilaron con un ingreso inicial superior al de la base de la pirámide, determinó fuertes pérdidas de poder adquisitivo, que treparon hasta el 40% en algunos casos.
La Corte Suprema dictaminó, a fines de 2007, que las jubilaciones deberían haber subido desde el momento de la devaluación a la par del alza de los salarios activos. Pero para lograr que eso se cumpla, cada afectado debe ir a la Justicia. La ley de movilidad impulsada por el Poder Ejecutivo, que está vigente desde este año, no corrigió las distorsiones provocadas por la inexistencia de un índice de ajustes hasta 2008.
Así, por estos días la tecnología llega al fuero obligada a abrirse paso entre los kilos y kilos de papel que se amontonan en oficinas y pasillos.
Trámites electrónicos
Ya son más de 900 los estudios jurídicos habilitados para ingresar demandas en forma electrónica, según comentó la jueza Lilia Maffei de Borghi, presidenta de la Cámara, quien agregó que este año 12.182 reclamos se asignaron a algún juzgado utilizando la Web en lugar del sistema tradicional de sorteos. "Con esta modalidad, en 24 o 48 horas luego de ingresada una causa, ya se la deriva a algún juzgado", describió.
Un paso más en el plan de informatización se daría el mes próximo. Está previsto, según la magistrada, la firma de un acuerdo entre el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y la Anses, para el intercambio de documentación por medios electrónicos. Se incluirá progresivamente desde el traslado de la demanda y su contestación, hasta las notificaciones relativas a la sustanciación de la causa, y las sentencias.
Para el juez Néstor Fasciolo, integrante de la Sala II, el aporte de la tecnología es útil, pero las ventajas no se verán en el corto plazo. "Ahora se va a producir un embudo ?advirtió? porque sigue el sorteo de causas por la vía convencional, a la vez que los juzgados reciben otras por la Web".
Está claro que acelerar los tiempos para que muchos jubilados vean cumplidos sus derechos no es algo que se esté logrando por estos días. A fines de junio la Corte accedió a un pedido elevado por los jueces de la Cámara y aprobó una prórroga de 180 días del plazo que se puede tomar un juzgado para dictar sentencia. Los jueces habían admitido que en la práctica ya era imposible emitir fallos en los tiempos exigidos.
"Los aportes informáticos son buenos pero no resuelven el problema de raíz, que es que se inician 400 demandas diarias, y eso es gravísimo", señaló el juez Luis Herrero, miembro de la Sala III y vicepresidente de la Cámara, quien insistió en que, habiéndose pronunciado ya la Corte, la Anses debería otorgar los aumentos sin obligar a hacer los reclamos en la Justicia. "La situación enfrenta a la Argentina con normas internacionales que obligan a los Estados a promover medidas rápidas cuando se trata temas de carácter alimentario", afirmó. Para Herrero, llevar a los jubilados a hacer trámites judiciales es "poco menos que un genocidio jurídico contra ellos".
Largo camino
La resolución de una causa en la Justicia suele tardar entre 5 y 6 años, a lo que se debe sumar el tiempo de espera para el pago de la sentencia por parte de la Anses, que por lo general obliga a los pasivos a volver a la Justicia a reclamar la ejecución de la sentencia.
En el Congreso, en tanto, espera su tratamiento un proyecto de creación de cinco nuevos juzgados de primera instancia ?hay diez ahora? y una sala de apelaciones ?son tres las actuales?. "Hay que ensanchar el canal porque si no el agua desborda", opinó Fasciolo ?crítico de las demoras en el debate de esa ley? que considera que el fuero tiene un problema estructural.
Informatizar el fuero y tal vez crear más juzgados ?esta medida cosecha opiniones dispares? pueden ser a primera vista evaluadas como acciones positivas por parte del Estado. Pero el fondo de la cuestión es que el que está sentado en el banquillo de acusados no es otro que ?justamente? el propio Estado. Y más allá de la historia personal que esconde cada expediente judicial, una deuda de magnitud se va acumulando cada día en el sistema previsional.

Fuente: www.lanacion.com